¿Torpeza o fuego amigo? La avioneta de Harfuch y la denuncia de Sheinbaum contra el abogado de Ovidio
En menos de dos semanas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha cometido dos errores políticos de alto perfil que comprometen su narrativa de profesionalismo y control.
Por Ghaleb Krame | Julio 17, 2025
En menos de dos semanas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha cometido dos errores políticos de alto perfil que comprometen su narrativa de profesionalismo y control: una crisis diplomática con El Salvador provocada por una afirmación incorrecta, pero sin dolo, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y una denuncia penal por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán, promovida aparentemente tras bambalinas por su asesor presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Ambos episodios tienen un denominador común: la injerencia de actores alineados con el lopezobradorismo. La pregunta es inevitable: ¿falta de pericia o sabotaje político desde adentro?
Caso I. La avioneta: ¿Sabotaje institucional o error estructural?
El 3 de julio de 2025, una avioneta con 427 kilogramos de cocaína fue interceptada en Tecomán, Colima. Cinco días después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró en conferencia que la aeronave procedía de El Salvador, generando una respuesta diplomática inmediata y enérgica del presidente Nayib Bukele. El error tuvo origen en un reporte preliminar del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), adscrito a la Sedena, que no fue sometido a la validación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), contraviniendo los protocolos de seguridad aérea y comunicación geopolítica.
Tal como documenta el Apéndice Técnico I, el CENAVI incurrió en una interpretación errónea de coordenadas, mientras que el CNI —cuya función consiste precisamente en filtrar, corroborar y neutralizar errores con impacto internacional— omitió su responsabilidad de verificación (Ver Apéndice Técnico I, puntos 2 y 3). La información sin filtrar terminó siendo utilizada en un espacio de alta exposición pública. El resultado: Harfuch quedó expuesto, y la imagen presidencial erosionada.
¿Error involuntario o sabotaje institucional? Si bien no hay evidencia directa de dolo, el patrón subyacente resulta perturbador. Aunque el actual secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo, fue nombrado por la presidenta Sheinbaum en septiembre de 2024, la Sedena continúa operando con inercias burocráticas y redes de poder consolidadas durante el sexenio de López Obrador. Figuras como Luis Cresencio Sandoval, su antecesor, y Audomaro Martínez, exdirector del CNI, mantienen influencia informal en el aparato de inteligencia nacional a través de redes personales, operativas y doctrinales.
La estructura castrense de la Sedena favorece esta continuidad: una cultura corporativa cerrada, jerárquica, y definida por generaciones formadas bajo los mismos códigos de obediencia y lealtad. Ex secretarios mantienen comunicación activa con sus sucesores, no solo por la cercanía generacional y el tiempo compartido en servicio, sino por su pertenencia a núcleos de camaradería y grupos de interés internos que pueden condicionar, resistir o reinterpretar las instrucciones del mando civil. En ese ecosistema, la institucionalidad funciona, pero no siempre con neutralidad.
Bajo esta lógica, el error del caso de la avioneta podría no haber sido únicamente un accidente técnico, sino una ventana de oportunidad para minar la credibilidad de un funcionario civil como Harfuch, ajeno al linaje militar y cercano al proyecto de Sheinbaum. La hipótesis de sabotaje indirecto —no como conspiración explícita, sino como resultado de lealtades divergentes y descoordinación funcional— se robustece cuando se considera la ausencia de filtros entre Sedena, SSPC y CNI. La presidenta, por ahora, no tiene control operativo pleno sobre este frente de seguridad nacional.
Caso II. La denuncia contra Lichtman: Estrategia fallida y narrativa polarizante
El 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte federal de Chicago. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó públicamente, criticando que el gobierno de Estados Unidos no hubiera informado previamente al Ejecutivo mexicano sobre el acuerdo judicial. En respuesta, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio, lanzó una dura acusación mediática contra Sheinbaum, vinculándola con el Cártel de Sinaloa y con Ismael “El Mayo” Zambada en términos abiertamente provocadores.
Lichtman declaró:
“Lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que quizá debería mirar a sus predecesores en la presidencia e intentar entender por qué pasó eso. Por qué nunca hay ningún esfuerzo por detenerlo; ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México, de ninguna manera ni forma. En lugar de actuar como la publicista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada —que es lo que parece estar haciendo—”.
El 14 de julio, Sheinbaum anunció que presentará una demanda por difamación ante tribunales mexicanos, calificando las declaraciones como una falta de respeto a la investidura presidencial. La acción será gestionada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). Hasta el momento, no se ha reportado ningún avance formal en el proceso ni una respuesta oficial por parte de Lichtman, quien reiteró su postura en redes sociales.
Desde un ángulo técnico-jurídico, el Apéndice Técnico II sostiene que la denuncia enfrenta serias limitaciones de procedencia y ejecución:
Las declaraciones fueron emitidas desde territorio estadounidense y están protegidas por la Primera Enmienda.
México no tiene jurisdicción directa sobre Lichtman.
Al tratarse de una figura pública, la presidenta debe probar daño, falsedad deliberada y dolo, lo cual es jurídicamente complejo (Ver Apéndice Técnico II, punto 2).
Más allá del ámbito legal, el movimiento parece responder a una lógica política. Según el diagnóstico técnico, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores presidenciales y figura clave del aparato comunicacional de la 4T, habría influido en la decisión. Su perfil —formado en el lopezobradorismo— privilegia la confrontación simbólica sobre la eficacia jurídica (Ver Apéndice Técnico II, punto 3). El resultado ha sido la amplificación involuntaria del mensaje de Lichtman, otorgándole mayor visibilidad internacional.
La controversia refleja tensiones más amplias entre México y Estados Unidos en materia de cooperación antidrogas, y pone en evidencia la vulnerabilidad de la presidencia ante operadores que aún responden a estrategias del sexenio anterior. Judicializar una crítica desde el extranjero sin fundamentos sólidos puede debilitar, más que proteger, la autoridad presidencial.
Recomendaciones estratégicas
Remoción inmediata de Jesús Ramírez Cuevas: su estilo reactivo es incompatible con una presidencia que busca gobernar desde la legalidad y la estrategia.
Fortalecimiento del CNI bajo Francisco Almazán Barocio: validación dual obligatoria entre CENAVI y CNI para toda inteligencia con impacto internacional.
Reducción del peso de la Sedena y empoderamiento de la Semar: profesionalizar la inteligencia aérea bajo esquemas civiles y técnicos.
Creación de un comité interinstitucional de comunicación: revisar toda información sensible antes de ser pública.
Formación ejecutiva en diplomacia técnica: evitar declaraciones imprecisas como “proveniente de El Salvador” y estrategias reactivas como la judicialización de la crítica.
Conclusión
Ni Harfuch mintió ni Sheinbaum actuó con dolo. Pero ambos fueron víctimas de un sistema que aún opera con inercias del pasado. El fuego amigo —por acción o por omisión— está presente. Si la presidenta desea gobernar con autonomía, debe reconfigurar el tablero institucional y mover sus piezas con precisión. De lo contrario, continuará bajo la sombra de su antecesor.
Apéndice Técnico I.
Diagnóstico Técnico sobre la Controversia México–El Salvador por Avioneta con Cocaína (Julio 2025)
1. Agencia involucrada en el error
El error de origen se atribuye al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), organismo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El CENAVI informó que la avioneta fue detectada a 200 km al sur de San Salvador, en una posición que fue interpretada erróneamente como evidencia de procedencia salvadoreña. Esta información fue transmitida sin la validación formal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incumpliendo los protocolos de corroboración de inteligencia técnica y geopolítica en materia aérea.
2. Responsabilidad del error
Aunque Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el portavoz que comunicó los hechos durante la conferencia matutina del 8 de julio, no fue responsable directo del fallo. Harfuch repitió información técnica entregada por Cenavi, sin una segunda validación ni filtro estratégico por parte del CNI, que por norma debe verificar cualquier inteligencia de posible impacto internacional.
El incidente revela una falla estructural de coordinación interinstitucional:
CENAVI, como unidad táctica, actuó dentro de su competencia de vigilancia y detección aérea, pero incurrió en un error de interpretación.
CNI, como órgano civil superior de inteligencia estratégica, omitió su función crítica de análisis y verificación antes de permitir que dicha información fuera usada en un espacio público y presidencial.
3. Causas identificadas del error
a) Falta de validación cruzada
La información del Cenavi no fue contrastada ni verificada por el CNI antes de ser comunicada a García Harfuch.
Se ignoró el protocolo que exige que cualquier inteligencia con implicaciones diplomáticas debe ser verificada por al menos dos agencias independientes.
b) Deficiencias en la comunicación entre dependencias
No existió un canal formal de revisión entre Sedena (Cenavi) y SSPC (Harfuch).
El CNI no actuó como intermediario técnico ni como garante de calidad de los datos antes de hacerlos públicos.
c) Interpretación errónea de coordenadas
El radar de Cenavi detectó una traza "a la altura de San Salvador", lo cual fue malinterpretado como "procedente de El Salvador".
Faltó precisión en el lenguaje técnico, pues las declaraciones públicas utilizaron términos geográficos ambiguos con implicaciones diplomáticas.
d) Declaración pública prematura
Harfuch citó un informe preliminar, sin esperar la validación final de inteligencia.
No hubo revisión de lenguaje ni moderación de riesgo comunicacional.
4. Medidas correctivas propuestas
A. Fortalecer protocolos de verificación interagencia
Cualquier dato con potencial impacto diplomático debe pasar por una verificación dual obligatoria (ej. CENAVI + CNI).
Se deben establecer comités de revisión exprés antes de emitir declaraciones públicas, integrando SSPC, Sedena, SRE y CNI.
B. Clarificar lenguaje técnico en informes públicos
Establecer un glosario oficial de términos de seguridad e inteligencia para evitar ambigüedades como “procedente de” vs. “detectado a la altura de”.
Reforzar protocolos de comunicación de riesgo geopolítico.
C. Capacitación en análisis geopolítico para áreas técnicas
CENAVI y CNI deben recibir formación en inteligencia estratégica y diplomacia técnica, especialmente para el personal que genera informes situacionales o de radar.
Implementar evaluaciones periódicas de precisión y redacción en reportes.
D. Integración de inteligencia internacional (APAN, JIATFS, etc.)
Toda traza aérea sospechosa debe ser validada con fuentes regionales como:
APAN (Sistema de Alerta y Protección de la Aviación, Centroamérica),
JIATFS Key West (Estados Unidos),
Radares de Costa Rica, Panamá, Colombia.
Establecer un nodo regional de inteligencia aérea en México para sincronizar datos en tiempo real.
E. Control previo a la vocería de alto nivel
Todo dato entregado a portavoces como Harfuch o incluso a la presidencia deberá pasar por un comité interinstitucional de prevalidación (SSPC, CNI, Sedena, Cancillería).
Evitar que funcionarios de alto nivel lean sin matices documentos que contengan datos aún sujetos a confirmación.
5. Lecciones diplomáticas y estratégicas
Una mala redacción puede escalar a crisis diplomática: decir “procedente de El Salvador” activó una reacción geopolítica innecesaria.
El error no fue operativo ni malicioso, sino comunicacional y sistémico.
Harfuch no mintió, pero no tuvo filtro ni respaldo suficiente para evitar repetir un dato mal interpretado.
La reacción rápida (aclaración en X + carta diplomática de SRE) mitigó el conflicto, pero evidencia una fragilidad institucional en la gestión de información sensible.
6. Conclusión general
El caso de la avioneta con cocaína interceptada en Colima en julio de 2025 expone una falla técnica y comunicacional en el aparato de seguridad e inteligencia de México. El Cenavi cometió un error de interpretación, el CNI omitió su función de validación, y Harfuch, como vocero, terminó siendo el blanco visible de una afirmación no verificada. La buena noticia es que la reacción institucional posterior fue adecuada y evitó un conflicto mayor. La mala noticia es que este incidente revela debilidades estructurales que podrían repetirse si no se corrigen.
El Reporte Krame recomienda implementar protocolos de inteligencia compartida, validación dual obligatoria y moderación del lenguaje diplomático en declaraciones públicas. Solo así México podrá sostener la eficacia operativa sin generar tensiones geopolíticas involuntarias.
Escenarios muy posibles. Un análisis con bisturí que no debe pasarse por alto.
Muy buenas propuestas para evitar el fuego amigo.