Redefiniendo la Soberanía: Narco Act, CFIUS y la Fricción Estratégica México–EE.UU.
Lo que está en juego no es sólo el combate al narcotráfico, sino el modelo de inserción internacional de México.
Redefiniendo la Soberanía: Narco Act, CFIUS y la Fricción Estratégica México–EE.UU.
*Por Ghaleb Krame y Raúl Flores
La relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, especialmente en temas de seguridad y comercio, donde los carteles de drogas representan un factor central de tensión y cooperación bilateral. En este contexto, la reciente aprobación de medidas como la Narco Act y el fortalecimiento del Comité sobre Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) han cobrado una relevancia crítica, dada la designación en 2025 de los carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs). Este reporte explora no solo qué son estas iniciativas y cómo operan, sino también analiza sus potenciales implicaciones estratégicas, económicas y geopolíticas, ofreciendo un análisis prospectivo con escenarios estratégicos y recomendaciones específicas para fortalecer la cooperación y mitigar riesgos derivados de estas medidas.
¿Qué es la Narco Act?
El término Narco Act se ha utilizado para describir diferentes iniciativas legislativas promovidas por el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico transnacional. Aunque no existe una única ley con ese nombre, destacan tres propuestas clave:
NARCO Act de 2025: presentada por el representante Warren Davidson, busca modernizar la estructura institucional del Departamento de Estado y fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Ending the NARCOS Act de 2023: propuesta por los senadores Lindsey Graham y John Kennedy, busca designar a los principales carteles mexicanos como FTOs, habilitando herramientas legales de contraterrorismo.
Not Allowing Revenue for Criminal Organizations Act (2021): enfocada en cortar flujos financieros del narcotráfico mediante apoyo a agencias estatales contra el lavado de dinero.
Estas propuestas reflejan una evolución en la postura estadounidense, que busca tratar a los carteles no sólo como organizaciones criminales, sino como amenazas terroristas internacionales.
¿Qué es el CFIUS?
El Comité sobre Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) es un organismo interinstitucional que revisa adquisiciones extranjeras de empresas estadounidenses cuando estas pudieran representar riesgos para la seguridad nacional. Si bien tradicionalmente se enfocaba en rivales geopolíticos como China, ahora podría adquirir un papel más activo al detectar intentos de infiltración económica por parte de redes ligadas a los carteles.
Por ejemplo, si una red vinculada al crimen organizado intentara adquirir una empresa logística o financiera en EE.UU., el CFIUS podría intervenir para impedir la operación. Esta capacidad preventiva lo posiciona como una herramienta complementaria en la lucha contra las finanzas criminales internacionales.
Factores estructurales de tensión bilateral en 2025
Antes de proyectar escenarios, es fundamental identificar los factores estructurales que han intensificado la tensión entre México y Estados Unidos. A diferencia de las crisis coyunturales, estos elementos conforman una base persistente que agrava la fragilidad diplomática, condiciona las decisiones legislativas y limita los márgenes de maniobra para ambos gobiernos:
Crisis del fentanilo y opioides: El flujo de precursores químicos desde Asia a México y la posterior exportación de fentanilo a EE.UU. se ha convertido en el eje de la narrativa de seguridad en Washington. Las más de 70,000 muertes anuales en EE.UU. por sobredosis han generado una presión política sin precedentes sobre México.
Gentrificación transfronteriza y migración inversa: El fenómeno de ciudadanos estadounidenses residiendo en zonas urbanas mexicanas (CDMX, Baja California Sur, Oaxaca) ha generado tensiones culturales, desplazamiento de residentes locales y un discurso nacionalista reactivo, tanto en México como en EE.UU.
Crimen energético y huachicol binacional: La sustracción ilegal de combustibles, particularmente en ductos y redes conectadas a Texas, implica pérdidas millonarias para Pemex y empresas estadounidenses. Este tema ha sido explotado por legisladores republicanos para acusar al Estado mexicano de connivencia con el crimen organizado.
Influencia china y tecnológica en México: El aumento de inversión china en infraestructura estratégica (puertos, trenes, 5G, fintech) ha encendido alertas en el Congreso estadounidense, que ve en México un posible vector de influencia de Beijing en el hemisferio occidental.
Desgaste institucional del T-MEC: Las controversias sobre reglas de origen, energía y cumplimiento ambiental han minado la confianza mutua dentro del acuerdo comercial. Cualquier medida adicional de EE.UU. basada en la Narco Act o CFIUS podría usarse como excusa para presionar a México en otras áreas comerciales.
Narrativas de intervención y militarización: Declaraciones recientes de figuras como Kristi Noem y Donald Trump, proponiendo el uso directo de drones y fuerzas especiales, han roto con el principio histórico de respeto a la soberanía mexicana y reactivado el fantasma de la intervención extraterritorial.
Estos factores no solo enmarcan las decisiones que vendrán, sino que limitan el espacio para una solución cooperativa. Cualquier estrategia realista deberá reconocer que no se parte de un punto neutro, sino desde un terreno profundamente erosionado por tensiones acumuladas.
Análisis de Escenarios Estratégicos
La implementación de la Narco Act y el fortalecimiento del CFIUS implican caminos posibles que marcarán el futuro de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Sin embargo, estos escenarios deben leerse bajo una nueva luz: en 2025, las tensiones han escalado rápidamente por factores adicionales como la creciente presencia de estadounidenses en zonas fronterizas (gentrificación), el conflicto por el huachicol transfronterizo, y declaraciones de alto calibre como las de Donald Trump, Kristi Noem y Pam Bondi, quienes han acusado abiertamente al gobierno mexicano de complicidad con los carteles y han sugerido la necesidad de acciones unilaterales. Este entorno más agresivo obliga a reevaluar los escenarios previamente planteados.
No obstante, desde julio de 2025, ciertos indicios sugieren que el escenario más probable a mediano plazo es el de Cooperación Bilateral Óptima, en parte por el enfoque pragmático que ha adoptado la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque en el discurso ha sido cautelosa frente a presiones externas, en la práctica ha mostrado disposición a cooperar activamente con Washington. Muestra de ello fue la reciente expatriación de líderes criminales mexicanos sin procedimientos judiciales formales, interpretada como un gesto informal de colaboración. Asimismo, Sheinbaum ha logrado contener a figuras internas como Adán Augusto, Monreal y Andrés Manuel López Beltrán, consolidando el poder presidencial en torno a una estrategia más institucional.
A continuación, se analizan los tres escenarios principales:
Escenario 1: Cooperación Bilateral Óptima
Ambos gobiernos adoptan una postura colaborativa basada en el respeto mutuo y la corresponsabilidad. Se institucionaliza el intercambio de inteligencia, se ejecutan operativos conjuntos con protocolos bilaterales, y se promueve la interoperabilidad tecnológica y financiera para rastrear redes criminales.
Impacto: La desarticulación de redes criminales se vuelve más eficaz, disminuye el flujo de drogas hacia EE.UU., se fortalece el Estado de derecho en México, y se incrementa la confianza diplomática. La cooperación genera incentivos para la inversión bilateral y programas de desarrollo regional.
Riesgos: El avance de esta cooperación puede enfrentar resistencia política dentro de México, especialmente por grupos que perciben una pérdida de soberanía. Además, puede haber impactos económicos locales en regiones donde las economías dependen —de forma directa o indirecta— de actividades criminales, lo que exige acompañamiento con programas sociales y laborales. La presión del discurso anti-México en EE.UU. puede socavar la narrativa de cooperación a pesar de avances sustantivos.
Escenario 2: Tensión Diplomática Prolongada
México adopta una posición defensiva frente a la designación de FTOs y a iniciativas estadounidenses como la Narco Act. Se limita el intercambio de inteligencia, se paralizan acuerdos operativos y crece el discurso soberanista. EE.UU. mantiene presión mediante sanciones, restricciones migratorias, y un discurso cada vez más hostil en año electoral.
Impacto: La capacidad de respuesta conjunta se deteriora, las redes criminales aprovechan la falta de coordinación, y aumenta la violencia en zonas fronterizas. El comercio bilateral se ve afectado por controles más agresivos, mayor escrutinio a inversiones mexicanas y posibles amenazas a tratados como el T-MEC.
Riesgos: Si bien es el escenario que ideológicamente podría parecer más afín al núcleo político de Sheinbaum, ella ha sido sumamente cautelosa en fortalecer alianzas con potencias como China o los BRICS. Ha mantenido una presencia solo como observadora, lo cual —curiosamente— ha sido bien recibido por Washington, que ahora tiene una “insider” en un bloque rival en formación. El colapso económico y diplomático que implicaría una confrontación abierta es improbable dadas las decisiones recientes de contención.
Escenario 3: Acciones Unilaterales de EE.UU.
Estados Unidos actúa de forma autónoma, con base en sus nuevas facultades bajo la Narco Act y otras leyes antiterroristas. Esto incluye sanciones financieras, incursiones extraterritoriales con drones, listas negras para funcionarios y operaciones encubiertas sin autorización mexicana. La retórica política —particularmente de figuras como Noem, Bondi y Trump— alimenta esta agenda intervencionista.
Impacto: A corto plazo, estas acciones pueden desestabilizar a líderes criminales y disuadir a redes financieras. Sin embargo, también polarizan a la opinión pública mexicana, radicalizan a actores internos y convierten a México en un eje central del debate electoral estadounidense.
Riesgos: Este escenario ya está ocurriendo de forma administrada y con ciertos indicios de coordinación informal con la presidencia mexicana. Las acciones unilaterales han sido calibradas para no escalar públicamente hacia la vulneración directa del gobierno de Sheinbaum. Sin embargo, los riesgos latentes persisten: una filtración, error táctico o cambio de administración en EE.UU. podría activar consecuencias mayores como el cierre de cooperación, represalias criminales o escaladas en foros multilaterales.
Este nuevo análisis evidencia que los escenarios deben ser dinámicos y sensibles a una coyuntura altamente volátil, donde la retórica electoral, los flujos migratorios, el control energético (como el huachicol) y la narrativa de seguridad hemisférica están profundamente entrelazados con el combate a los carteles. Además, es clave cuantificar las consecuencias: por ejemplo, un rompimiento del T-MEC podría afectar hasta 600 mil millones de dólares en comercio anual, mientras que restricciones a remesas golpearían a más de 10 millones de familias mexicanas. Estos elementos hacen que la estrategia bilateral deba combinar firmeza con diplomacia preventiva, soberanía con corresponsabilidad.
Comparativo de Escenarios Estratégicos México–EE.UU. (2025)
Para comprender mejor los factores que están configurando la política bilateral entre México y Estados Unidos en 2025, se presenta el siguiente gráfico de radar. Este ilustra cómo diversos elementos interrelacionados —desde la retórica electoral en EE.UU. hasta los temas de crimen energético y presión financiera— convergen sobre la seguridad hemisférica:
Interpretación del nodo central
El nodo central del gráfico representa no solo la relación México–EE.UU. en 2025, sino el epicentro de una arquitectura de presión estratégica interdependiente. Las líneas que conectan los factores ilustran cómo cada uno condiciona a los demás: por ejemplo, la retórica electoral en EE.UU. influye directamente en la aplicación de la Narco Act, mientras que la migración inversa y la gentrificación refuerzan percepciones de México como espacio caótico o desregulado, afectando decisiones financieras (CFIUS) o legales (FTOs).
Esta red de influencias obliga a diseñar respuestas estratégicas de forma sistémica y no fragmentaria. México ya ha optado por una cooperación pragmática —aunque informal— que le permite ganar tiempo, evitar colapsos y mantener autonomía parcial, como lo muestran los recientes gestos presidenciales de colaboración operativa.
Además, es clave considerar una dimensión de disuasión regional. Si EE.UU. intensifica sus acciones unilaterales, México podría activar foros multilaterales (OEA, ONU, CELAC), profundizar vínculos diplomáticos con socios como Brasil o India, o incluso endurecer sus filtros regulatorios a inversiones estadounidenses. No se trata solo de reacción, sino de equilibrio estratégico.
Por tanto, los escenarios no deben leerse como rutas predeterminadas, sino como expresiones de un juego de poder flexible, donde cada actor —incluido México— aún tiene fichas por mover.
Este nuevo análisis evidencia que los escenarios deben ser dinámicos y sensibles a una coyuntura altamente volátil, donde la retórica electoral, los flujos migratorios, el control energético (como el huachicol) y la narrativa de seguridad hemisférica están profundamente entrelazados con el combate a los carteles.
Impactos económicos y financieros transfronterizos
La dimensión económica del conflicto bilateral entre México y Estados Unidos ha adquirido un nuevo nivel de complejidad en 2025. Las designaciones como FTO, los mecanismos de vigilancia financiera como el CFIUS, y la presión derivada de la Narco Act afectan directamente los flujos de capital, el comercio legal, las inversiones y las remesas. Esta sección analiza los principales vectores de riesgo y fricción:
1. Pérdida de confianza en la inversión extranjera directa (IED): La designación de carteles como FTOs ha generado un efecto de contagio reputacional sobre sectores estratégicos en México (infraestructura, energía, transporte, seguridad privada). Fondos de inversión y aseguradoras internacionales han comenzado a clasificar a México como zona de riesgo medio-alto.
2. Tensión en el cumplimiento de contratos del T-MEC: Las herramientas financieras derivadas del CFIUS podrían utilizarse como palanca en disputas comerciales dentro del marco del T-MEC, presionando a México en temas como energía, reglas de origen o propiedad intelectual. Esto erosiona la certeza jurídica para empresas trinacionales.
3. Riesgo sobre remesas y servicios financieros: Legisladores estadounidenses han propuesto mecanismos para supervisar o incluso restringir las remesas enviadas desde EE.UU. hacia México como medida de presión. Esto afectaría a más de 10 millones de hogares que dependen de estos recursos, estimados en más de 60 mil millones de dólares anuales.
4. Expansión del compliance financiero corporativo: Las empresas mexicanas, especialmente aquellas con operaciones binacionales o listadas en mercados de capitales, enfrentan nuevos requerimientos de transparencia, certificaciones AML (anti-lavado) y auditorías internas reforzadas, elevando costos de cumplimiento.
5. Vulnerabilidad de sectores logísticos y aduanales: La percepción de que ciertos corredores logísticos en México (puertos, cruces fronterizos, zonas francas) están infiltrados por estructuras criminales ha comenzado a afectar rutas de exportación y contratos de transporte transnacional.
6. Reacción del sistema bancario mexicano: Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han tenido que intensificar su colaboración con el Tesoro de EE.UU. y adoptar protocolos compartidos, lo que implica un rediseño institucional que no está exento de fricciones.
En suma, la presión financiera no sólo busca debilitar a los carteles, sino que funciona como un sistema de disuasión estructural sobre el Estado mexicano y sus sectores productivos. Cualquier respuesta debe prever no sólo los efectos políticos, sino también las consecuencias económicas sobre la estructura fiscal, el empleo y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables.
Dimensión geopolítica hemisférica
El conflicto México–EE.UU. por el combate al crimen organizado y su tratamiento bajo lógicas antiterroristas ha trascendido el ámbito bilateral. Se está transformando en un nodo geoestratégico que impacta alianzas, equilibrios de poder y arquitectura de seguridad en el hemisferio occidental.
1. Reconfiguración del bloque norteamericano: El aumento de tensiones en el marco del T-MEC, combinado con una postura estadounidense más unilateralista, ha debilitado la idea de una “Norteamérica integrada”. Canadá ha mostrado posturas ambivalentes, en parte por sus propios intereses energéticos y migratorios.
2. Proyección regional de EE.UU.: La narrativa antinarco y el uso de herramientas como OFAC, CFIUS y FTO se están replicando en otros países latinoamericanos. El caso mexicano es visto como prueba piloto para extender esta doctrina a Centroamérica, Colombia o incluso el Caribe.
3. Activación de contrapesos multilaterales: México podría fortalecer vínculos con actores como CELAC, UNASUR o BRICS, para denunciar presiones extraterritoriales. También se vislumbra una creciente colaboración con China, Turquía y Rusia en ámbitos tecnológicos, logísticos y de inteligencia.
4. Desconfianza hemisférica hacia EE.UU.: La posibilidad de que Washington recurra a drones, sanciones selectivas o bloqueos financieros sin consentimiento del país afectado ha generado alarma en otros gobiernos latinoamericanos, que lo interpretan como un retroceso al intervencionismo de la Guerra Fría.
5. Diplomacia energética y crimen transnacional: El huachicol, el litio y el gas natural se han convertido en recursos estratégicos en disputa. La criminalidad organizada que domina estas cadenas de valor conecta con redes globales, generando una convergencia entre política energética, seguridad nacional y diplomacia comercial.
6. Riesgos para la narrativa mexicana de neutralidad: Si México no redefine con claridad su rol geoestratégico, corre el riesgo de quedar atrapado entre la presión estadounidense y el escrutinio global. Su negativa a alinearse con Washington podría ser interpretada como complacencia con el crimen o cercanía con potencias rivales.
Este nuevo tablero hemisférico obliga a México a pensar más allá de la defensa reactiva. Debe diseñar una política exterior robusta, flexible y tecnológicamente actualizada que le permita contener presiones, aprovechar alianzas emergentes y preservar márgenes de soberanía funcional.
Recomendaciones de política pública
Frente a la complejidad del entorno bilateral y hemisférico en 2025, México necesita adoptar una estrategia pública robusta, que combine visión de largo plazo, diplomacia firme y herramientas tecnológicas. A continuación se proponen líneas concretas de acción:
1. Establecer una doctrina de corresponsabilidad asimétrica: México debe rechazar tanto la sumisión automática a Washington como el aislamiento reactivo. La corresponsabilidad implica establecer límites claros y ámbitos de colaboración selectiva en seguridad, inteligencia financiera y control tecnológico, sin ceder soberanía.
2. Blindar jurídicamente la cooperación bilateral: Promover acuerdos específicos que regulen el intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas y el uso compartido de plataformas tecnológicas, bajo el principio de respeto mutuo, supervisión parlamentaria y revisión periódica.
3. Fortalecer el brazo financiero del Estado: La UIF, la CNBV y Hacienda deben ser reestructuradas con capacidades tecnológicas y forenses de primer nivel. Se requiere un sistema nacional de trazabilidad de activos, interoperable con redes internacionales como Egmont y Europol.
4. Diplomacia digital y energética de disuasión: México debe invertir en diplomacia cibernética y energética, con agregados especializados que operen en Washington, Bruselas, Ottawa y Beijing, anticipando ataques regulatorios, narrativas hostiles o sanciones encubiertas.
5. Certificación triple de sectores críticos: Implementar un sistema de auditoría continua y certificación antimafia para puertos, aduanas, corredores logísticos y empresas de seguridad, con participación internacional y vigilancia de sociedad civil.
6. Reformular la narrativa internacional de México: Impulsar campañas proactivas en medios y foros globales que muestren avances concretos en el combate al crimen organizado, el uso legítimo de IA, y la defensa de la legalidad sin militarización ciega.
7. Convertir el T-MEC en escudo y oportunidad: Usar el T-MEC como ancla legal para impedir sanciones arbitrarias, exigir cumplimiento de cláusulas de cooperación y abrir nuevas mesas técnicas sobre ciberseguridad, trazabilidad, y riesgos compartidos.
Conclusión estratégica
La Narco Act y el CFIUS no son instrumentos jurídicos aislados, sino síntomas de una estrategia estadounidense más amplia que redefine el concepto de amenaza transnacional y redibuja las fronteras de la soberanía. En ese nuevo tablero, México enfrenta una disyuntiva crítica: adaptarse de forma pasiva y reactiva o diseñar un modelo de soberanía proactiva e inteligente.
La designación de los carteles como FTOs ha generado un campo de batalla legal, económico y narrativo que trasciende lo militar. Este nuevo entorno exige que México combine vigilancia digital, diplomacia multicanal, trazabilidad financiera, control de flujos tecnológicos y recuperación del control territorial.
Lo que está en juego no es sólo el combate al narcotráfico, sino el modelo de inserción internacional de México. La manera en que responda en los próximos dos años determinará si consolida un perfil de potencia media resiliente o queda atrapado entre la presión hegemónica y la fragmentación institucional.
El informe propone una hoja de ruta que articula diagnóstico, escenarios, riesgos económicos, proyección geopolítica y política pública. Pero el éxito dependerá de la voluntad del Estado mexicano para abandonar inercias, innovar y ejercer soberanía con inteligencia.