Diplomacia vs. hechos: el acuerdo Rubio–Sheinbaum y sus 4 escenarios de soberanía o sumisión
Trump gobierna con una mayoría republicana en el Congreso y con un gabinete más disciplinado que en su primer mandato.
Por Ghaleb Krame y Raúl Flores
En su segundo mandato, Donald Trump ha convertido la retórica en política de Estado con una crudeza inédita. El 20 de enero de 2025, durante su discurso inaugural, anunció la designación de los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” y decretó una emergencia nacional en la frontera sur, habilitando la eventual movilización militar contra ellos.
Semanas después, el 18 de febrero de 2025, en una conferencia en Florida, fue más explícito: “México está gobernado en gran parte por los cárteles”. Una descripción que, sin decirlo textualmente, equivalía a llamar al país un narcoestado.
El contexto es inequívoco: Trump gobierna con una mayoría republicana en el Congreso y con un gabinete más disciplinado que en su primer mandato. Equipos dedicados al análisis de inteligencia aprovecharon la información recolectada por la administración Biden durante la transición y la convirtieron en un arsenal de expedientes sobre los cárteles y sus redes de protección política. El resultado ha sido un rediseño de la relación bilateral con México, en la que los gestos diplomáticos llegan siempre después de los golpes de fuerza.
En este tablero, México aparece más como pieza que como jugador. La presidenta Claudia Sheinbaum ha preferido un perfil bajo y reactivo, apoyándose en la figura de Omar García Harfuch como su operador en materia de seguridad ante Washington, al tiempo que minimiza los costos internos de las extradiciones masivas y las sanciones financieras. Pero el dilema central no puede ocultarse: ¿es México un socio soberano o un aliado subordinado en la estrategia de Trump contra los cárteles?
Diplomacia vs. hechos
La secuencia real ha sido presión → concesiones → “reconocimiento”.
Aranceles y coerción comercial. El 1 de febrero de 2025 la Casa Blanca impuso 25% a importaciones de México (y Canadá) como herramienta de seguridad vinculada a migración y fentanilo; luego ajustó el esquema en marzo y julio. Este giro comercial marcó el tono de la relación y antecedió los gestos de “reconocimiento” a la cooperación mexicana.
Drones/ISR sobre territorio mexicano. En febrero, Sheinbaum admitió públicamente vuelos de drones estadounidenses como parte de una colaboración legal; días antes había intentado minimizar reportes de operaciones encubiertas. En agosto, medios especializados documentaron misiones de MQ-9 que volaron “profundo en México”. Los hechos contradicen la narrativa de “no intervención”, aunque el gobierno insista en que es cooperación regulada.
Extradiciones masivas como moneda política. DOJ informó la recepción de 29 personas desde México a fines de febrero y 26 más el 13 de agosto, abarcando delitos que van de drogas a secuestro y homicidio. Estas oleadas llegaron en momentos de máxima presión arancelaria y de seguridad desde Washington, y fueron inmediatamente capitalizadas por autoridades de EE.UU. como prueba de resultados.
Sanciones financieras sin precedentes contra instituciones mexicanas. El 25 de junio, FinCEN/Tesoro identificó a dos bancos (CIBanco, Intercam) y una casa de bolsa (Vector) como “de preocupación principal por lavado” en el marco de nuevas facultades (FEND Off Fentanyl Act), restringiendo transacciones desde EE.UU. Hito sensible: sanción directa al núcleo financiero de México; la Presidencia exigió pruebas públicas y cuestionó el sustento, reflejando la asimetría del pulso bilateral.
“Reconocimiento” después del apretón. Tras semanas de presiones (aranceles y agenda anti-fentanilo), Rubio y otras voces en Washington empezaron a elogiar la cooperación mexicana, aunque subrayando “que falta más” en drogas. En paralelo, el propio gobierno mexicano buscó cerrar un acuerdo de seguridad antes de nuevas fechas límite arancelarias. El patrón confirma la tesis: el aplauso llega después de la palanca.
Contexto de listas y calificaciones. México aparece, junto con Venezuela, en la lista anual de “países de mayor tránsito/producción” de drogas (FY2025). No equivale jurídicamente a “fallido”, pero es un ancla narrativa usada desde Washington para justificar instrumentos de presión y cooperación condicionada.
II. El Mayo: preludio del acuerdo
Captura y entrega. La secuencia que desemboca en el “caso mayo” arranca el 25 de julio de 2024, cuando Ismael Zambada García fue detenido al aterrizar en El Paso, Texas; reportes periodísticos y de defensa apuntan a que fue “llevado con engaños” por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, en un Beechcraft que cruzó la frontera.
La declaración de culpabilidad. El 25 de agosto de 2025, ante el juez Brian M. Cogan en Brooklyn (EDNY), Zambada se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continua (CCE) y de RICO, aceptando además un decomiso por 15 000 millones de USD y quedando expuesto a cadena perpetua sin libertad condicional.
Reacciones en EE. UU. En conferencia posterior, la fiscal general Pam Bondi calificó el fallo como una “victoria histórica” y subrayó que Zambada “pasará el resto de su vida en una prisión federal de Estados Unidos” (citas breves).
El administrador de la DEA, Terrance Cole, remarcó que “ningún jefe de cártel está fuera del alcance de la justicia” y que el objetivo es desmantelar por completo las redes.
Respuesta en México. La presidenta Claudia Sheinbaum usó el caso para reivindicar la cooperación bilateral, pero cuestionó las aseveraciones de sobornos: “¿A quién le daba dinero?”, y exigió pruebas/denuncias formales para proceder en México. En otras intervenciones públicas, su equipo ha minimizado el impacto político interno, pidiendo evidencia judicializable antes de abrir investigaciones.
Lo que dijo la corte sobre el daño y la corrupción. Cobertura internacional coincide en que Zambada reconoció décadas de tráfico y corrupción, aceptando responsabilidad y daño a EE. UU. y México; el expediente incluye la narrativa de pagos a funcionarios para asegurar protección. (Usamos aquí lenguaje parafraseado de notas de referencia).
Lectura estratégica (por qué es preludio del acuerdo).
La confesión y el decomiso de 15 000 MUSD fortalecen la tesis de Washington: resultados tangibles (penas máximas, dinero y liderazgo del cártel) en jurisdicción estadounidense. Esto eleva la vara para cualquier acuerdo de seguridad con México.
Al admitir corrupción sistémica, el caso alimenta presión para que Ciudad de México entregue nombres y expedientes o al menos coopere contra redes de protección político-institucional; de lo contrario, crece el espacio político en EE. UU. para endurecer (sanciones, etiquetados legales, herramientas extraterritoriales).
La captura facilitada por una fractura interna de Sinaloa (versión Reuters/El País) muestra que disrupciones intra-cártel pueden producir ventanas operativas para EE. UU.; el mensaje para México es que, sin procesos internos sólidos, los hitos judiciales seguirán migrando a tribunales estadounidenses.
Punto de quiebre para la narrativa de “soberanía”. El hecho de que el capo más longevo de Sinaloa nunca haya sido juzgado en México y termine confesando en Brooklyn debilita la narrativa soberanista; simultáneamente, legitima la doctrina de “presión-primero-reconocimiento-después” que encuadra el inminente acuerdo Rubio–Sheinbaum.
III. El factor Rubio–Sheinbaum: 4 Escenarios Posibles (Más Allá de la Narrativa)
¿Qué es el Acuerdo de Seguridad EE.UU.–México (Factor Rubio–Sheinbaum)?
En la primera semana de septiembre de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio visitará Ciudad de México para firmar un acuerdo bilateral de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este pacto busca atender cuatro ejes:
Narcotráfico y crimen organizado transnacional.
Migración irregular y gestión fronteriza.
Flujos de precursores químicos para el fentanilo.
Violencia armada, incluido el tráfico de armas provenientes de EE.UU. (responsables de ~80% de las armas en México).
Sheinbaum lo ha descrito como basado en “soberanía, confianza mutua, respeto territorial y coordinación sin subordinación”. Sin embargo, las negociaciones han sido discretas y con detalles limitados al público. Lo que se conoce apunta a:
Intercambio de inteligencia en tiempo real.
Interdicción coordinada de drogas y armas.
Arrestos conjuntos y extradiciones aceleradas.
Sanciones financieras contra redes criminales.
El acuerdo surge tras tensiones fuertes: amenazas de aranceles de 25–30% de Trump y sanciones financieras a bancos mexicanos. Su firma podría aliviar la presión comercial y servir de puente hacia la revisión del USMCA en 2026, lo que explica el valor estratégico del pacto.
Basado en precedentes como Mérida (2008-2021), que evolucionó de asistencia unilateral a cooperación, y riesgos políticos de 2025 (e.g., revisión USMCA, elecciones intermedias en México), aquí cuatro escenarios realistas. Incluyo el "peor" presentado (amnistía selectiva) y uno adversarial donde EE.UU. persigue actores políticos mexicanos. Cada uno analiza hechos subyacentes (e.g., datos de extradiciones, flujos financieros) y repercusiones.
El factor Rubio–Sheinbaum es pivotal porque:
① Rubio encarna la línea dura republicana (designación FTO, sanciones financieras, presión extraterritorial).
② Sheinbaum representa la continuidad de Morena, con un discurso soberanista pero pragmatismo operativo (delegando en Harfuch).
③ El acuerdo es un trueque pragmático: alivio económico y pausa arancelaria a cambio de concesiones en seguridad.
④ El riesgo es que, más allá de la narrativa de “cooperación mutua”, cada incumplimiento active las cláusulas duras (escenario 3), llevando a una crisis política de régimen en México.
Conclusiones
El acuerdo Rubio–Sheinbaum se presenta como un triunfo diplomático, pero en realidad constituye un pacto incómodo, lleno de ambigüedades y costos diferidos.
El pacto incómodo
México lo vende como un marco de soberanía y cooperación voluntaria;
EE.UU. lo interpreta como institucionalización de la subordinación: cada cláusula, cada concesión (extradiciones masivas, sanciones financieras, despliegues fronterizos) fortalece la narrativa de que México es incapaz de gestionar su propia seguridad.
La figura de Harfuch emerge como interlocutor confiable para Washington, pero al costo de erosionar la legitimidad política de Sheinbaum y marginar a la Secretaría de Gobernación.
Morena, como partido en el poder, queda bajo sospecha: si se percibe que el acuerdo oculta una “amnistía selectiva” para proteger políticos, el riesgo es que se consolide la narrativa de que el partido es un narco-partido funcional.
Costos políticos internos
Legitimidad presidencial: hoy Sheinbaum goza de ~75% de aprobación; pero si se filtran cláusulas secretas o se percibe cesión excesiva, esa legitimidad puede erosionarse rápidamente.
Cohesión de Morena: facciones internas podrían acusar a la presidenta de entreguismo; otros, de encubrir complicidades. El partido podría fracturarse antes de 2027.
Riesgo reputacional: con la confesión de El Mayo, EE.UU. ya tiene base narrativa para investigar políticos activos. Un incumplimiento puede activar escenario 3 (persecución selectiva y etiquetado de Morena).
Efectos hacia futuro
México 2027 – revocación de mandato: si Sheinbaum llega debilitada por filtraciones, sanciones o acusaciones de subordinación, la revocación podría convertirse en plebiscito sobre su “entreguismo” frente a Washington.
México 2030 – sucesión presidencial: Morena podría enfrentar las elecciones etiquetado como “narco-partido”, con líderes bajo investigación en EE.UU. o sancionados por OFAC. Una oposición reorganizada tendría terreno fértil para capitalizar el desgaste.
EE.UU. 2029 – elecciones presidenciales: para Trump, mostrar resultados (capos extraditados, decomisos millonarios, cooperación militarizada) será argumento central para una eventual reelección o para consolidar la agenda republicana. El fracaso del acuerdo serviría como justificación para acciones unilaterales más agresivas.
Lectura final
El pacto incómodo entre soberanía en el discurso y sumisión en los hechos se convierte en un punto de inflexión:
① Si funciona, Rubio y Sheinbaum lo venden como nuevo capítulo de cooperación hemisférica, con beneficios económicos y políticos inmediatos.
② Si fracasa, abre la puerta a un escenario existencial: persecución política, sanciones, ruptura bilateral y la etiqueta de “narco-partido” para Morena.
③ En cualquier caso, el acuerdo fija un precedente: la relación bilateral ya no se mide por declaraciones diplomáticas, sino por hechos verificables de cooperación forzada, con las elecciones de 2027 en México y 2029 en EE.UU. como puntos de corte inevitables.