Aguas Traicioneras: SEMAR, Huachicol y Muertes que Sacuden el Poder

El reto inmediato para Sheinbaum es evitar que el caso sea recordado como el primer gran tropiezo de su sexenio.

Por Ghaleb Krame

1. Hechos iniciales — ¿Qué ocurrió y por qué importa?

En el lapso de una semana se detonó el caso más delicado para la Secretaría de Marina (SEMAR) en años: 14 detenidos por integrar presuntamente una red de “huachicol fiscal” que operaba desde puertos estratégicos, con mandos navales activos y operadores civiles/empresariales. Entre los vinculados destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, a quien un juez federal sujetó a proceso junto con nueve marinos por delincuencia organizada y operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles; el expediente los ubica en Tamaulipas y nodos logísticos asociados a recintos portuarios y permisos energéticos.

El caso incorporó además un componente simbólico y político: la detención del exjuez federal Anuar González Hemadi —destituido en 2019 por corrupción tras el fallo en el caso “Los Porkys”— señalado ahora por su rol como representante legal de una empresa de transporte de diésel con permisos de la CRE y antecedentes de irregularidades desde 2020, conectada en indagatorias periodísticas con redes criminales. Su inclusión elevó el perfil del expediente, al cruzar la pista naval con bisagras regulatorias y judiciales. El País

La narrativa oficial corrió a cargo del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien afirmó que la captura de los 14 era “solo el comienzo” y que las indagatorias se profundizarían sobre rutas, permisos y complicidades. En ese paquete de anuncios trascendió que al menos uno de los detenidos es familiar del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, asunto que el propio gobierno matizó con un deslinde expreso sobre la responsabilidad institucional de SEMAR y sobre el papel histórico de Ojeda.

En paralelo, dos hechos agudizaron el impacto público del caso: el hallazgo sin vida del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en Altamira —reportado inicialmente como suicidio— y, veinticuatro horas después, la muerte del capitán Adrián Omar (Ángel) del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco. Si bien ambos decesos están bajo investigación y no existe determinación judicial que los vincule al expediente, su proximidad temporal y el perfil operativo de los oficiales amplificaron la percepción de crisis y vulnerabilidad institucional.

Finalmente, el timing: todo ocurre a los pocos días de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (3 de septiembre), en la que ambas partes reafirmaron la cooperación en seguridad —incluido combate a drogas, armas y combustible— con respeto explícito a la soberanía y “cada quien desde su lado de la frontera”. El encadenamiento visita → capturas → vinculaciones → crisis narrativa plantea una ventana de oportunidad y presión que ordena incentivos en México y Washington.

2. Escalada posterior — Muertes sensibles, percepción de riesgo y daño reputacional

Lo que inicialmente parecía un caso judicial complejo, pero manejable, se transformó en una crisis de mayor calado con la noticia de dos muertes consecutivas de mandos navales, ocurridas en apenas 48 horas y en contextos altamente sensibles.

El primer episodio fue el del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, hallado sin vida en instalaciones del puerto de Altamira, Tamaulipas. La versión oficial preliminar apuntó a un suicidio, aunque sin detalles concluyentes sobre las circunstancias inmediatas. El oficial había sido señalado de manera indirecta en medios como vinculado a operaciones portuarias dentro del universo de la red de huachicol. Su muerte, en un lugar operativo y bajo investigación, generó de inmediato especulación sobre presiones, estados emocionales y posibles riesgos de encubrimiento.

Menos de un día después se confirmó el fallecimiento del capitán Adrián Omar (Ángel) del Ángel Zúñiga, durante una práctica de tiro real en instalaciones de Puerto Peñasco, Sonora. El parte oficial lo describió como un “accidente”, pero la coincidencia temporal con la muerte previa y el hecho de que Zúñiga había tenido responsabilidades en puertos estratégicos como Manzanillo alimentó la percepción pública de anomalía. Que dos marinos con trayectoria portuaria —en medio de un escándalo por contrabando de combustibles en puertos— murieran casi al mismo tiempo resultó difícil de explicar sin levantar dudas.

En la narrativa mediática, los decesos se convirtieron en símbolos de vulnerabilidad institucional. Columnistas y observadores castrenses plantearon preguntas que la comunicación oficial no respondió de inmediato: ¿se trató de coincidencias trágicas?, ¿errores de protocolo en entrenamiento?, ¿consecuencia de un ambiente de presión interna por las investigaciones?, ¿o ajustes encubiertos? La falta de información puntual alimentó un vacío de confianza.

Ese vacío fue aprovechado por influencers y narrativas pro-cártel, que en redes sociales insinuaron versiones alternativas: desde la idea de “depuración disfrazada” hasta teorías de complot. El riesgo no es solo reputacional: cuando el discurso oficial no logra controlar el marco interpretativo, el espacio lo llenan actores con agendas propias, contribuyendo a una erosión del capital simbólico de la Marina.

En suma, la escalada posterior al operativo judicial no vino de nuevas detenciones ni de hallazgos probatorios, sino de la combinación de muertes sensibles y comunicación deficiente, factores que trasladaron la conversación de la “limpieza institucional” hacia la vulnerabilidad y la crisis de confianza.

3. La decisión y el contexto — La visita de Rubio y el cálculo político

El momento en que se activó el operativo contra la red de huachicol no puede comprenderse sin mirar la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el 3 de septiembre de 2025. En su encuentro con Claudia Sheinbaum y el canciller, Rubio fue explícito en demandar acciones inmediatas contra el narcotráfico, el tráfico de armas y, de manera novedosa, contra el contrabando de combustibles. La narrativa oficial mexicana respondió con una fórmula de equilibrio: cooperación reforzada, pero “cada quien desde su lado de la frontera” y bajo respeto mutuo de la soberanía. Sin embargo, el trasfondo fue claro: Washington quería entregables verificables y en corto plazo.

En ese marco, la administración Sheinbaum necesitaba demostrar que podía ir más allá de la retórica. La elección del caso no fue casual. Se decidió apuntar a una red que no solo involucraba a civiles y empresarios, sino también a mandos navales, incluyendo a familiares del exsecretario José Rafael Ojeda Durán, figura clave en la era AMLO. El golpe tenía un doble valor: hacia afuera, se proyectaba como evidencia de voluntad política; hacia adentro, como ruptura simbólica con el pasado inmediato.

No obstante, la forma de anunciarlo reveló el verdadero objetivo político. La conferencia de prensa fue encabezada no por SEMAR ni por la FGR, sino por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. Con ello, Sheinbaum buscó consolidar a Harfuch como el rostro civil-policial de la limpieza y mostrarlo ante Washington como un interlocutor confiable y eficaz. Era una apuesta de alto riesgo: centralizar la narrativa en un funcionario sin trayectoria castrense, en un tema profundamente vinculado al fuero naval.

El contexto es aún más complejo si se considera la reconfiguración institucional del CNI, que pasó de la órbita de Audomaro Martínez a la de Francisco Almazán Barocio, cuadro cercano a Harfuch. Este movimiento había generado tensiones con SEDENA y SEMAR, pues alteraba el equilibrio entre inteligencia civil y militar. El operativo contra el huachicol, entonces, operó no solo como respuesta a la presión de Rubio, sino también como demostración interna de que la SSPC bajo Harfuch tiene la capacidad de ejecutar investigaciones de alto impacto.

Así, la decisión no se limitó a satisfacer a Washington. Fue también un cálculo político doméstico: instalar a Harfuch como figura ascendente del nuevo régimen y marcar la transición de un modelo militarizado hacia un modelo civil-policial.

4. Ejecución deficiente — El error de cálculo y la politización del mensaje

La operación contra la red de huachicol pudo haberse consolidado como un golpe exitoso si se hubiese ejecutado bajo la conducción institucional de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), con vocerías técnicas que transmitieran solidez jurídica y profesionalismo. Sin embargo, la decisión de colocar a Omar García Harfuch al frente de la conferencia de prensa convirtió un caso judicial en un acto político, cargado de simbolismos que debilitaron su efecto interno.

En lugar de resaltar la técnica probatoria —listados de embarcaciones, permisos de la CRE, trazabilidad de operaciones y vínculos documentales entre empresas y mandos navales—, la narrativa giró en torno a la figura de Harfuch como ejecutor de la limpieza. El mensaje implícito fue que la operación no solo buscaba desarticular una red de corrupción, sino también reposicionar al nuevo “hombre fuerte” del gabinete. Este encuadre, aunque atractivo para la proyección internacional, generó resistencia en las Fuerzas Armadas.

El error de cálculo radicó en que la legitimidad del caso dependía de blindar la institucionalidad castrense, no de confrontarla. Si SEMAR hubiera liderado la narrativa, el costo reputacional habría sido menor y la operación habría proyectado un frente cohesionado ante la presión de Washington. En cambio, al poner en primer plano a Harfuch, el mensaje que llegó a las filas navales fue de intervención civil en asuntos internos, interpretado como un desaire y una traición.

Además, la ejecución comunicacional no acompañó la secuencia esperada en una crisis de alto riesgo: primero hechos y pruebas, después narrativa política. Aquí ocurrió lo contrario. El énfasis en el parentesco de los detenidos con Ojeda Durán y en la promesa de “esto apenas comienza” sobrepasó la información concreta disponible, abriendo un vacío que pronto se llenó con muertes sensibles, especulación mediática e interpretaciones adversas.

El resultado fue una doble pérdida: hacia afuera, Estados Unidos percibió improvisación en lugar de control; hacia adentro, la Marina sintió que se sacrificaba su prestigio histórico para fortalecer a un actor civil. En términos de gobernanza, la operación pasó de ser un posible parteaguas en transparencia y depuración a un ejemplo de cómo una apuesta política mal calibrada puede derivar en fractura institucional y pérdida de confianza.

5. Implicaciones internas — Sheinbaum, AMLO, SEMAR y la gobernabilidad

El desenlace inmediato del caso huachicol no solo impactó a la Secretaría de Marina (SEMAR), sino que reconfiguró el equilibrio político dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum y proyectó sombras sobre el legado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cada actor principal resultó afectado de manera distinta, generando un mapa de ganadores y perdedores que anticipa tensiones futuras.

Para Sheinbaum, la apuesta de exhibir a Omar García Harfuch como rostro civil-policial tuvo un efecto ambivalente. En el corto plazo, le permitió mostrar a Washington capacidad de reacción y voluntad de ruptura con inercias pasadas. Sin embargo, en el frente interno, la operación produjo costos inesperados: fracturó la confianza con las Fuerzas Armadas y proyectó la imagen de un liderazgo presidencial que improvisa y sacrifica capital institucional para fines políticos inmediatos. La narrativa de “orden civil” se convirtió en una lectura de desaire castrense, debilitando su margen de maniobra en los meses iniciales de gobierno.

Para AMLO, el escándalo tiene un efecto colateral inevitable. El exsecretario José Rafael Ojeda Durán fue uno de sus hombres de máxima confianza durante todo el sexenio, y la exposición pública de sus sobrinos en un entramado criminal erosiona el relato de que la Marina representaba un bastión incorruptible de la 4T. Aunque AMLO ya no ocupa la presidencia, el caso lo alcanza por asociación, debilitando su capacidad de influir en la narrativa histórica de su mandato y ofreciendo a sus críticos una nueva línea de ataque.

Para SEMAR, el golpe fue directo y devastador. La institución, que durante décadas cultivó la reputación de incorruptibilidad y disciplina, quedó señalada como vulnerable y penetrada por redes criminales. Más aún, las muertes de dos capitanes en cuestión de horas reforzaron la percepción de crisis interna y elevaron la suspicacia sobre su cohesión. El costo no es solo reputacional: en el juego burocrático, la pérdida de prestigio implica pérdida de influencia en mesas de coordinación, recortes en la interlocución con Washington y mayor dificultad para sostener la moral interna de sus cuadros.

En términos de gobernabilidad, el caso revela un riesgo sistémico: la erosión de confianza entre Presidencia y Fuerzas Armadas. Si Sheinbaum no logra recomponer la relación con SEMAR —reinstalando canales de respeto simbólico y comunicación técnica—, la administración corre el riesgo de enfrentar filtraciones, sabotajes burocráticos y una cooperación interinstitucional marcada por la desconfianza. En otras palabras, lo que comenzó como una operación para proyectar fuerza terminó generando debilidad política y operativa.

6. Implicaciones externas — Washington, Pentágono, Congreso y la presión internacional

El caso SEMAR–huachicol no se limita a una disputa doméstica: tiene un fuerte componente internacional, particularmente en la relación con Estados Unidos. La visita del secretario de Estado Marco Rubio marcó el inicio de una etapa de presión bilateral explícita, en la que México se comprometió a producir resultados tangibles en materia de drogas, armas y contrabando de combustibles. La rápida secuencia de detenciones y anuncios sirvió para mostrar disposición, pero la ejecución deficiente y las muertes posteriores alteraron la percepción en Washington.

Para la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el operativo se interpretó como una respuesta directa a las exigencias de Rubio. El mensaje positivo fue que el gobierno de Sheinbaum sí puede actuar con rapidez cuando hay presión. Sin embargo, la falta de coherencia comunicacional, la ausencia de pruebas técnicas publicitadas y la exposición de fracturas internas entre SEMAR, SEDENA y la SSPC enviaron una señal de fragilidad institucional. En diplomacia de seguridad, la forma importa tanto como el fondo: Estados Unidos necesita socios capaces de sostener operaciones con narrativa clara y cohesión interna, no solo golpes espectaculares de corta duración.

En el Pentágono y las agencias de seguridad (DoD, DoJ, DEA), la lectura es igualmente ambivalente. Por un lado, se celebra la disposición a judicializar mandos de alto rango; por otro, preocupa que la Marina, socio histórico en operaciones marítimas y de interdicción, aparezca debilitada y fracturada. Esta percepción erosiona la confianza y abre espacio para que SEDENA —bajo Ricardo Trevilla— se posicione como el interlocutor preferente. El riesgo es que Estados Unidos termine apostando por un actor en detrimento de otro, profundizando rivalidades castrenses en lugar de alentar una estrategia conjunta.

En el Congreso estadounidense, particularmente en los sectores republicanos más duros, el episodio fue interpretado como prueba de que la presión funciona. El mensaje hacia la opinión pública estadounidense es claro: México actúa solo bajo amenaza y condicionamiento. Esto refuerza la narrativa de quienes promueven medidas más estrictas, desde certificaciones de cooperación hasta posibles condicionamientos comerciales.

En síntesis, hacia afuera, el caso deja un sabor agridulce: México mostró capacidad de reacción, pero también improvisación y debilidad en la gestión de crisis. Para Washington, la conclusión es que la cooperación debe ser acompañada de supervisión más estricta y métricas de cumplimiento, lo que podría traducirse en una relación bilateral más asimétrica y con mayor nivel de condicionamiento en los próximos meses.

7. Hipótesis y método — Rivalidades, coaliciones y los cuatro ejes del poder

El caso SEMAR–huachicol no puede analizarse únicamente como un operativo judicial aislado. Forma parte de un entramado más amplio donde rivalidades institucionales, coaliciones de élite y luchas por el control de la narrativa determinan el rumbo. Para darle coherencia analítica, se plantean hipótesis falsables y un método de contraste que permite ir más allá de la especulación.

Hipótesis 1 (rivalidad SEMAR–SEDENA): la crisis amplifica tensiones históricas entre ambas instituciones, agudizadas desde que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pasó del círculo de Audomaro Martínez a un cuadro cercano a Omar García Harfuch (OGH). El Ejército, bajo Ricardo Trevilla, percibe la centralización de inteligencia en la SSPC como un desplazamiento de su poder relativo. La erosión de SEMAR le facilita a SEDENA reforzar su papel como socio confiable ante Washington.

Hipótesis 2 (coaliciones de élite): el bloque OGH–Morales Ángeles intentó proyectar un frente civil-naval, pero el operativo terminó debilitando a la Marina. En contraste, el bloque Trevilla–SEDENA se fortalece al posicionarse como contrapeso técnico y disciplinado. La pregunta clave es si existió coordinación entre rivales —por acción u omisión— para que SEMAR quedara expuesta en el momento de mayor visibilidad.

Hipótesis 3 (ventana exógena de EE. UU.): la visita de Rubio precipitó la operación, generando un salto abrupto en detenciones y anuncios. El “timing” sugiere que el gobierno priorizó un entregable inmediato sobre la consistencia de la ejecución.

Hipótesis 4 (vocería civil y narrativa): poner a Harfuch al frente redujo legitimidad interna en SEMAR y proyectó el caso como un golpe político, más que institucional.

Hipótesis 5 (revire de SEMAR): tras la exposición, la Marina buscará contraatacar mediante filtraciones, auditorías o movimientos internos para recuperar reputación y espacio político.

Hipótesis 6 (financiamiento político vía huachicol): línea sensible que requiere trazabilidad financiera robusta (permisos CRE → rutas de combustibles → empresas pantalla → coincidencia con gasto político). Sin evidencia documental (nivel A/B), debe tratarse solo como hipótesis abierta, no como hallazgo.

Método de contraste:

• Process tracing: reconstrucción de secuencias (visita Rubio → conferencia Harfuch → muertes → filtraciones).

• SNA (análisis de redes): mapeo de vínculos entre actores políticos, militares y empresariales.

• Series de tiempo: medir saltos de actividad (detenciones, comunicados) tras shocks externos.

• Congruence testing: comparación de hipótesis alternativas para identificar la explicación más consistente.

En este marco, los cuatro ejes del poder en el binomio narco-Estado se iluminan con mayor claridad: cárteles capturando rentas logísticas; políticos negociando narrativas; militares disputando control institucional; e influencers fijando relatos en la opinión pública.

8. Conclusiones y escenarios — De la limpieza prometida a la fractura visible

El caso SEMAR–huachicol ilustra la dificultad de transformar un operativo judicial en una narrativa de gobernanza sólida. Lo que se diseñó como un golpe doble —satisfacer la presión de Washington y posicionar a Omar García Harfuch como rostro civil-policial— terminó revelando fracturas internas, improvisación política y pérdida de confianza institucional.

La conclusión central es clara: Sheinbaum apostó a proyectar fortaleza, pero el diseño deficiente de la operación debilitó simultáneamente a su gobierno, a la Marina y al legado de AMLO. Hacia adentro, el resultado inmediato fue un quiebre en la relación civil-militar: SEMAR se percibe sacrificada, SEDENA gana margen para reposicionarse y el bloque civil de la SSPC queda señalado por politizar un caso sensible. Hacia afuera, Washington recibió la señal de que la presión funciona, pero también de que México carece de un control fino sobre sus instituciones.

De este episodio emergen tres escenarios posibles:

Escenario 1 — Contención ordenada. El gobierno recompone el control comunicacional, devuelve vocerías técnicas a SEMAR y la FGR, y presenta pruebas verificables (permisos CRE, rutas de combustibles, empresas pantalla, decomisos cuantificados). El costo reputacional se contiene y la cooperación bilateral se estabiliza sobre bases técnicas.

Escenario 2 — Inercia y fragmentación. La crisis se diluye sin correcciones de fondo. Persisten filtraciones, pugnas por competencias y ruido mediático. Washington endurece su exigencia de métricas y condiciona apoyos a resultados tangibles, fortaleciendo al Congreso estadounidense más duro. Internamente, la moral castrense sigue erosionada y la coordinación se torna frágil.

Escenario 3 — Tormenta perfecta. Nuevos decesos, filtraciones explosivas o errores de peritaje disparan una ola de desconfianza irreversible. Influencers pro-cártel capitalizan el escepticismo, la narrativa oficial pierde credibilidad y la presidencia aparece rebasada. El riesgo mayor: que SEMAR y SEDENA dejen de cooperar plenamente y se imponga un modelo de “doble mando” fragmentado.

El reto inmediato para Sheinbaum es evitar que el caso sea recordado como el primer gran tropiezo de su sexenio. Para lograrlo, necesita pasar del espectáculo político a la gobernanza verificable: informes progresivos, auditorías públicas, control de puertos y aduanas, y un canal único de información. De lo contrario, el mensaje será que México no dirige sus procesos de depuración, sino que los ejecuta solo bajo presión externa, un escenario que alimenta la asimetría en la relación bilateral y erosiona la estabilidad doméstica.

Esquema de vínculos estratégicos

El siguiente mapa de vínculos representa gráficamente las relaciones entre actores clave en el caso SEMAR–huachicol. Las líneas sólidas corresponden a alianzas o subordinaciones, las líneas discontinuas a rivalidades, las punteadas a presiones externas y las guion-punto a vínculos de legado/confianza.

Este esquema permite observar cómo se entrelazan los cuatro ejes del poder: los cárteles (en rojo) conectados con redes de influencia, los políticos (en azul) que gestionan o compiten por el control institucional, los militares (en verde) en pugna interna por prestigio y control operativo, y el factor internacional (amarillo) que ejerce presión directa sobre el sistema mexicano.